Delincuente es el que delinque, y según el art. 408 del Código Penal, cuando un/a fiscal no persigue el delito de falsa denuncia y falso testimonio, está delinquiendo.

Ocurre todos los días porque los fiscales como funcionarios públicos que son, tienen instrucciones del feminismo socialista de mantener la acusación por maltrato contra el hombre en todos los casos, aunque la acusación de la mujer sea más falsa que un euro de madera.

Lamentablemente las denuncias falsas por maltrato ya no son noticia, pues además de la censura informativa que sufre esta lacra por las presiones del poder ejecutivo para ocultarlas y las del poder judicial por minimizarlas, para los propios medios viene siendo un tema tabú sobre el que no conviene hablar demasiado para no provocar la ira de las feministas fanáticas, quienes son muy aplicadas en la doctrina mafiosa de utilizar el poder del Estado para la represión vengativa y el ajuste de cuentas contra quien ose contradecirlas (el CGPJ multó con 3000 euros - el doble que al juez Tirado por la muerte de Mariluz – a una jueza que criticó la Ley de violencia de género).

Pero vamos a detenernos en un caso ocurrido en Alicante de denuncia falsa por maltrato contra un hombre, donde la mujer utilizó todo el “pack”: violación, malostratos y amenazas (noticia)

Lo llamativo es primeramente, que el periódico le dedicara sólo dos párrafos a la noticia escandalosa y lo segundo que haga referencia que a pesar de que la mujer confesara que había denunciado falsamente a su marido sólo por venganza por serle infiel, la Fiscalía mantuviera la acusación contra el hombre con todas las pruebas en favor de su inocencia.

Esto es escandaloso y evidencia que el fiscal es una figura judicial totalmente prostituída, pues lejos de velar por la legalidad de todo el proceso que es su función y aprovechándose que es un funcionario público pagado por el Estado, el Gobierno utiliza a la Fiscalía para aplicar su ideología fanática de género, que es la de beneficiar a la mujer como sea, aunque se compruebe claramente que es una sinvergüenza como la de este caso.

De esta forma se echan por tierra todos los argumentos manipuladores de las feministas fanáticas subvencionadas y pagadas por el Estado (Altamira Gonzalo de Themis, Imaculada Montalbán del CGPJ, Bibiana Aído y Miguel Lorente del Mº de Igual-da, etc), que afirman que las denuncias falsas por maltrato son prácticamente inexistentes porque no hay mujeres condenadas por ello.

A estas alturas queda meridianamente demostrado, que no sólo no se persiguen las denuncias falsas, sino que especialmente se protegen.