MARÍA DOLORES MARTÍN POZO CONDENADA A 22 AÑOS DE CÁRCEL POR EL ASESINATO DE MIGUEL ANGEL SALGADO PIMENTEL
UN CASO QUE TIENE DE TODO: INCUMPLIMIENTO DE VISITAS, ALIENACIÓN PARENTAL, FALSAS DENUNCIAS, JUICIOS DE GÉNERO, MENTIRAS MEDIÁTICAS, CORRUPCIÓN CONSTITUCIONAL Y ASESINATO.
Es el caso de un padre de familia como tantos otros que terminó como muchos, con la única diferencia que involucró a la prensa rosa y por eso, sólo por eso, es que conocemos todos los detalles.
Los datos expuestos pertenecen a investigaciones periodísticas disponibles en internet:
Miguel Angel contrajo matrimonio con la abogada Maria Dolores Martín Pozo en 1998 y tuvieron una niña María José, pero al cabo de dos años surgieron las primeras desavenencias, ante lo cual el propio Miguel Angel decidió separarse en diciembre de 2001 y en el 2002 fue él mismo quien interpuso la correspondiente demanda de divorcio, turnada al Juzgado de Primera Instancia nº24 de Madrid.
Típico juicio de género con resultado de SAP
Como sistemáticamente ocurre en los divorcios contenciosos, el juez otorgó la custodia a la madre y así empezó ella a interferir las relaciones entre padre e hija (Síndrome de Alienación Parental), negándose a llevar a la niña al punto de encuentro dispuesto por el juzgado.
Falsas denuncias
A continuación y como lamentablemente también ocurre de forma sistemática, en 2003 la madre denunció falsamente al padre de la niña por abusos sexuales, por lo que el juzgado suspendió las visitas de Miguel Angel a su hija María José.
Comprueban la falsedad de las denuncias pero no se persigue tal delito
Al cabo de dos años de ser interrumpido todo contacto entre padre e hija, llegó al juzgado del magistrado-juez Juan Pablo González del Pozo, quien acordó en septiembre de 2005 levantar la citada suspensión ante “la dudosa verosimilitud” de las acusaciones vertidas por la letrada-mamá. La madre recurrió el auto para seguir bloqueando la relación padre e hija, pero la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la denuncia al entender que “no había pruebas ni indicios” de los falsos abusos sexuales.
Sin embargo, no se actúa procesalmente contra las falsas denuncias.
Más alienación parental por parte de la madre
De este modo, el juez estableció que la madre debía de llevar a la menor a una serie de visitas con el padre tuteladas por psicólogos a fin de observar el comportamiento que mostraba la hija con su progenitor. Sin embargo, Dolores se saltó el requerimiento judicial y se negó a acudir al punto de encuentro. Ante su negativa, en julio de 2006 se le impuso una multa de 250 euros por incumplir el régimen de visitas y se le apercibió con quitarle la custodia de la menor. La madre adujo entonces, que la menor se mostraba reticente a ver a su padre. Por ello, el juez solicitó un informe al psicólogo adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 24, para averiguar las causas de la negativa de la hija a verle. Los expertos concluyeron que: “La conducta de María Dolores parece ser claramente obstaculizadora de los contactos entre la menor y su padre, ya que no ha permitido las visitas entre ambos desde hace tres años, con diferentes excusas y pretextos, e incluso graves acusaciones vertidas contra el padre por supuestos abusos sexuales, que han quedado desacreditados”. Además, los informes dejan claro que el comportamiento de la mujer “es compatible con alguna de las formas en las que se presenta el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP)”.
La custodia para el padre y su asesinato
Se celebra el juicio el 24 de enero de 2007, donde al conocer el dictamen psicológico, la mamá abogada amenaza de muerte a Miguel Angel Pimentel frente a un testigo, un vigilante jurado, quien será posteriormente principal testigo de cargo para encarcelar a Mª Dolores.
Finalmente, el juez emitió la sentencia de divorcio el 14 de marzo de 2007, dando la custodia al padre Miguel Angel Salgado Pimentel. Ante las dudas de que la madre fuera a facilitar la entrega, el juez requirió al inspector jefe del Grupo de Protección de la Policía que organizase un dispositivo policial en el mismo colegio de la menor para garantizar la entrega.
Pero ese mismo día, Miguel Angel Salgado Pimentel fue asesinado de tres balazos en el garage de su casa en la C/Caretos, 3 de Ciempozuelos: una bala en la mano, la otra en el pecho y la tercera como tiro de gracia en la cabeza, disparos hechos por Charles Michael Guarín Cercos, en colaboración de Eloy Sánchez Barba quien planeó el asesinato, por encargo de María Dolores Martín Pozo, como ellos mismos admitieron ante el juzgado.
Las declaraciones de Eloy desde el día de su detención no han sido de mucha ayuda para María Dolores. El 24 de julio de 2008, el escolta volvió al juzgado para declarar: “Me dijo que quería dar un susto a su marido, que su hija sufría abusos por parte de su padre y que le iban a quitar la custodia. Quería darle un susto para que desistiera… Me llamaba muchas veces llorando diciendo que le iban a quitar a la niña y por eso accedí”.
El escolta de Ana Obregón incluso habla de la cita en la que se debió cerrar el acuerdo entre la presunta inductora y el presunto autor material: “Cuando decidí echar una mano a Dolores me puse en contacto con Michael porque se pasó por un local mío. Se lo comenté, me dijo que sí y quedaron este señor y María Dolores en un café de Gran Vía”.
Nos enteramos gracias a la prensa rosa
El caso saltó únicamente a la luz porque Eloy Sánchez Barba recibió de Ana Obregón el encargo de dar una paliza a Jaime Cantizano y de ello se hizo eco la prensa rosa. De no ser así, este caso hubiera pasado desapercibido como cualquier otro y se le hubiera dado carpetazo como un caso más de “ajuste de cuentas”.
La maquinaria de género en el TC y TS
El sesgo de género de la que fue la 4ª autoridad del Estado, la ex-Pta. del Tribunal Constitucional Mª Emilia Casas Bahamonde, hizo que personalmente llamara por teléfono a la asesina Mª Dolores Martín Pozo para brindarle su apoyo, recomendándole que acuda a otras dos feministas fanáticas abogadas de la Asociación Themis ‘muy eficientes’ y ofreciéndole que la llame a ella misma en caso que llegue hasta el TC. Un escándalo de corrupción de género que el Tribunal Supremo se apresuró en tapar.
Tras mandar asesinar al padre de su hija, siguieron las fechorías de la mamá-abogada.
Tras el asesinato de Salgado, el juez solicitó un nuevo informe pericial para determinar si la custodia de la menor debía seguir ostentándola la madre o debía atribuírsele a otra persona. Dolores Martín Pozo se negó de nuevo a acatar esta resolución y decidió denunciar al magistrado por comisión de un ilícito penal en un proceso penal, sin especificar el delito. La finalidad de la denuncia era poder recusar al magistrado para que se apartase del procedimiento.
Pero el Juzgado encargado de la investigación archivó la denuncia y la posterior querella contra el magistrado por los mismos hechos. La mamá-abogada recurrió tales decisiones, pero la Audiencia Provincial desestimó la recusación y ordenando al juez González del Pozo que siguiera conociendo del asunto.
La madre entra en prisión preventiva por el asesinato
Tras la entrada en prisión de Dolores en mayo de 2008, el magistrado abrió un nuevo procedimiento de medidas cautelares para regularizar la situación de guarda de la menor, huérfana de padre y con su madre en prisión.
En dicho procedimiento se oyó a los abuelos de las líneas paterna y materna y a Carlos San Juan, la actual pareja de Dolores Martín. Además, se encargó un nuevo informe psicológico de la menor a una psicóloga independiente que determinó que la tutela debía corresponder a la Comunidad ante el deterioro psicológico que se le detectó. Igual fue la petición del Ministerio Fiscal y así lo acordó el juez, por lo que la pequeña María José se encuentra bajo la tutela de la Comunidad de Madrid en el Centro de Acogida Isabel Clara Eugenia de Hortaleza (Madrid), evolucionando favorablemente y disfrutando con visitas tanto de la familia materna como de la paterna, como así ha informado al juez la Comunidad de Madrid. (noticia)
La madre desde la cárcel, siguió manejando los hilos de su estrategia.
Sabedora de las triquiñuelas legales y de los beneficios de la industria del género, Mª Dolores Martín Pozo dirigió desde la cárcel su estrategia y tuvo a sus familiares y amigos frente al Juzgado acosando al juez con panfletos insultantes y un megáfono, orquestando una campaña de descrédito contra el magistrado.
El objetivo de la mamá-abogada: provocar al juez Juan Pablo González del Pozo para que interponga una querella por injurias o una demanda de protección del derecho al honor, lo cual abriría la puerta para poder recusarle y apartarle así del proceso judicial.
Lejos de caer en la estrategia de la manipuladora, el juez se limitó a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial denunciando el acoso al que es sometido, pero nada más, echando por tierra las pretensiones de la madre, que quiere la custodia exclusiva para los abuelos maternos, para así bloquear las relaciones de la niña con sus abuelos paternos.
Amenazas a los que testifican contra ella
En septiembre de 2008, un vigilante de seguridad testigo de cargo contra la abogada, denunció en los juzgados de la madrileña plaza de Castilla que estaba recibiendo llamadas amenazantes en el teléfono móvil y en el de su domicilio particular. En muchas de estas llamadas, el comunicante permanece en silencio y otras veces, especialmente cuando la llamada la contesta su esposa, lo amenazan de muerte. (noticia)
El testigo declaró ante la Guardia Civil el 30 de marzo de 2007, dos semanas después del asesinato de Miguel Ángel Salgado. Recordaba perfectamente lo ocurrido en los juzgados de familia el 24 de enero anterior, la fecha en la que se celebró la vista del divorcio de Miguel Ángel y María Dolores y de la custodia de la hija de ambos. “Me llamaron para que subiera a la cuarta planta, al juzgado 24, porque había problemas con una pareja –indicó en su declaración ante la Guardia Civil–. Pensé que el problemático era el hombre, pero al subir vi que el hombre se ponía a mi lado y no se separaba de mí, estaba muy nervioso… Los funcionarios me pidieron que acompañara al hombre a salir a la calle, porque tenía miedo de la otra parte, tres mujeres… En el ascensor, el hombre me repetía constantemente que no me separase de él, que tenía mucho miedo”. El vigilante acompañó hasta la calle al hombre que le pedía ayuda, que era Miguel Ángel Salgado. Fuera, las tres mujeres le increparon con insultos diversos: “Hijo de puta, te tenía que matar a tus hijos la ETA”, “cabrón”. Una de ellas, que el vigilante identificó después como Dolores Martín, lanzó en voz alta una amenaza muy concreta: “Cabrón, te tengo que matar, te tengo que ver muerto”.
La campaña mediática de género.
Fracasadas sus estratagemas legales, la mamá recurrió a ese corazoncito de género propio de la TV y escribió una carta que entregó al periodista Alfonso Egea, quien no tardó en recorrer varios platós (‘La mirada crítica’, ‘Gente’, ‘El método Gonzo’, etc) con conexiones en directo con el actual marido Carlos San Juan e intentando convencer de la inocencia de la mamá-abogada y que el culpable es en realidad, el maligno juez machista que le quitó la hija a su madre.
Los argumentos esgrimidos son tan pobres como mezquinos: a) que no se deben separar los hermanos, pues la actual pareja tiene un hijo pequeño, pero ocultando que la custodia para los abuelos maternos hará que se rompa todo vínculo con la familia paterna, y b) que no podía ser ella la inductora del asesinato por no conocer aún la sentencia de custodia a favor del padre el día del asesinato, pero ocultando que ese era el tercer intento de asesinato que sufría Miguel Angel Salgado Pimentel y que Mª Dolores, al ser abogada, ya veía que no iba a ser la custodia para ella, por el contenido de la pericial psicológica a su hija y por cómo se desarrolló el juicio.
Asimismo, nadie más en el mundo tenía motivos para asesinar a Miguel Angel y mucho menos intentarlo tres veces. La actitud de la abogada ultrafeminista de Themis, que sorprendentemente rechaza representarla, lo confirma: estaba pringada.
La absurda defensa mediática solamente demuestra las ganas del periodista Alfonso Egea por subirse al carro de género y evidencia la utilización del pobre actual marido Carlos San Juan, que esperemos no se le ocurra querer divorciarse de la mamá-abogada, por la cuenta que le trae.
RESULTADO:
MARÍA DOLORES MARTÍN POZO CONDENADA A 22 AÑOS DE CÁRCEL POR ASESINATO DE MIGUEL ANGEL SALGADO PIMENTEL
